España es un país de profundos contrastes. La marcada tendencia bipolar de su sociedad, tan entusiasta del 'todo o nada', ha generado en no pocas ocasiones extraordinarios seísmos en los cimientos socioeconómicos de la nación. La monstruosa crisis financiera que azota al mundo entero se ha cebado especialmente con el Estado español, que pasó en pocos años de creerse muy rico a saberse muy pobre.
Semejante desbarajuste coyuntural no ocurre por generación espontánea. Una combinación de desafortunados factores provocó que España, el miembro de la Unión Europea con mejor ritmo de crecimiento económico a principios de los 2000, viaje ahora en el vagón de cola del tren europeísta. La insultante cifra de paro, la incapacidad de los dos últimos gobiernos, el nacionalismo más feroz y egoísta y el descontento generalizado del pueblo sitúan al país al precipicio de una explosión social.
A toro pasado, es ventajista realizar cualquier análisis o reproche. Sin embargo, no por ello conviene obviar los errores del pasado, ya que en caso contrario, existe un elevado riesgo de volver a cometerlos. La historia, como es bien sabido aunque algunos se empeñen en olvidarlo, es cíclica. Con el pasado del pueblo español durante el siglo XX, a excepción de la ejemplarizante Transición, es para echarse a temblar.
El incoherente modelo educativo de las cuatro últimas décadas se ha erigido como uno de los principales agentes causantes de la situación actual. Desde el año 1975, hasta siete veces ‒contando con la que aún se está pergeñando‒ se ha modificado la legislación educativa. En cuatro de estas ocasiones, los arreglos realizados afectaron al currículo; en las otras tres, a aspectos organizativos. En este sentido, ocurrió que cada ley nueva significaba un borrón y cuenta nueva en lugar de una evaluación pormenorizada de los aspectos positivos de la anterior propuesta para a partir de ahí, trabajar. A pesar de estos esfuerzos y cambios, propios de una democracia, y con mayor o menor acierto, todavía no se ha encontrado una fórmula que satisfaga a todas las partes y acabe con el habitual 'y tú más' bipartidista.
Esta algarabía educativa ha desembocado en que la sociedad española presente una estructura a nivel de formación que se antoja insostenible. El estamento que incluye a las personas con baja cualificación es mucho más numeroso de lo ideal. Asimismo, el grupo poblacional que presenta formación universitaria es también ampliamente superior a las necesidades de la sociedad. Sin embargo, existe un gran vacío en el conjunto de gente con formación media o superior no universitaria. La ciudadanía española tradicionalmente ha tendido a infravalorar a este tipo de profesional, cuya preparación es sobresaliente. Este colectivo resulta muchas veces más útil y eficiente para una empresa que el universitario, con una formación que suele pecar por excesivamente teórica y abstracta.
En materia educativa también se cometió un error, a juicio del escritor, que a la postre resultó perjudicial para la buena marcha del Estado. En el año 1992, el Presidente del Gobierno, Felipe González, y el líder de la oposición, José María Aznar, firmaron una concesión de hasta 32 competencias, incluida la Educación, a las Comunidades Autónomas. Esta medida, cuyo objetivo principal era facilitar la adaptación del currículo a las características del alumnado español y de esta manera mejorar la calidad de la enseñanza, desencadenó en una torre de babel en el seno del país. Muy probablemente, parte del nacionalismo radical, en rabioso auge en estos días, tenga su origen en jóvenes adoctrinados en lugar de educados.
Afortunadamente, la sociedad española sigue siendo ejemplar en muchos aspectos, luchadora y capaz de sobreponerse a las diferencias más graves. España es un país extraordinariamente plural y rico culturalmente y, entendiendo esta circunstancia, la educación debe convertirse en un arma capaz de hacer más fuerte a la nación, y no de debilitarla.
